La Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, desarrollada por el Reglamento de Servicios de Prevención establece el deber del empresario de proteger a los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, por lo que deberá garantizar la seguridad y salud de aquellos en todos los aspectos relacionados con el trabajo, adoptando para ello las medidas necesarias. El incumplimiento de esta normativa puede comportar para el empresario una serie de responsabilidades de índole administrativo, civil e incluso penal, en función de la gravedad de los hechos.

No obstante, el establecimiento de un modelo de organización de la actividad preventiva en el seno de cada una de las empresas puede reportar para la empresa beneficios de índole económica y humana.

AMIITEL, consciente de la importancia de este tema, da respuesta a las necesidades de las empresas asociadas en materia de prevención de riesgos laborales.